(09 DE MARZO, 2022) Por Violeta Vázquez Rojas Maldonado.
«Nosotros los ciudadanos / Ustedes los simpatizantes»
Parecía que el tema estaba superado, pero la campaña de la oposición para desincentivar la participación en la consulta de revocación de mandato no ha dejado de arreciar. En esta última semana vimos al consejero electoral Ciro Murayama en un programa de Latinus hablar en contra del propio ejercicio que su instituto tiene a cargo organizar; a Claudio X. González difundir un video corto con “diez razones para no participar en la revocación” y foros como el del periódico Reforma, donde la postura en contra de la consulta estaba claramente sobrerrepresentada, considerando que la defendían dos proponentes frente a sólo un expositor a favor de votar por la revocación y una por votar en contra.
La oposición, con impulso de varios medios de comunicación, de figuras públicas y de varios consejeros y exconsejeros del INE, ha reformulado el dilema central de la consulta de revocación de mandato, de modo que, en lugar de que la gente discuta si se debe o no se debe remover al presidente en turno, su atención está volcada en que la pregunta ni siquiera se responda. Esta postura llama la atención dado que, como se ha explicado en otras ocasiones, la demanda de contar con el derecho de destituir gobernantes es una batalla añeja de la lucha democrática mexicana, que incluye a corrientes tanto de izquierda como de derecha, y de dentro y fuera de los partidos.
A medida que se elabora la discusión en este eje, los argumentos de quienes llaman a no participar en la consulta de revocación se revelan más y más grotescos. Vale la pena, para el registro de la infamia, analizar algunos de los más recientes.
A través de su cuenta de Twitter, Martha Tagle invita a la no participación de la siguiente manera: “Cada quien debe decidir si participa o no el 10 abril y esto es en si mismo una prerrogativa ciudadana. El voto debe servir para decidir. Esta consulta de #RevocacionDeMandato, como fue diseñada, no decide nada, no fue impulsada por la ciudadanía. Para mi no tiene caso votar.” (erratas en el original). La mentira consiste en afirmar que la consulta no fue impulsada por la ciudadanía. Como la exlegisladora debe saber, la ley establece que para que se lleve a cabo la consulta revocatoria, ésta debe ser solicitada por 3% del padrón electoral. En esta ocasión, el INE recibió más de 11.1 millones de firmas (9.7 millones de ellas en papel). Éstas tuvieron que pasar por un proceso de validación que el Instituto decidió suspender no bien se rebasó el umbral de 2.8 millones de firmas validadas, argumentando que no tenían suficiente dinero para cubrir ese gasto. Si bien nunca sabremos a ciencia cierta cuántas firmas válidas solicitaron la consulta de revocación, lo seguro es que fueron, al menos, tres millones doscientos mil. Al parecer, a Tagle no le parece que estas personas sean ciudadanos.
El tema es delicado porque pareciera que, para ciertos grupos opositores, el país está dividido en dos castas: una, la de ellos, los biempensantes, los portadores de derechos y, por otro lado, los simpatizantes del gobierno, quienes no merecen el estatus de «ciudadanos». Esta postura abreva de dos fuentes: por un lado, un concepto rígido y limitado de «ciudadanía», tal como se forjó en el discurso público en nuestro país en los albores del siglo XXI, según el cual los ciudadanos son seres impolutos que, para mantenerse así, no deben militar abiertamente en un partido político. En esa concepción, los ciudadanos hacen política, sí, pero desde la supuesta neutralidad que les confiere la esfera de lo «no gubernamental» o de la «sociedad civil». Se trata de una noción estrecha y excluyente de ciudadanía que no tiene cabida en los tiempos que corren. Por otro lado, la postura se basa también en un desprecio profundo de las élites -o quienes aspiran a serlo- hacia la gente común. En cuanto ven que un determinado proyecto político cuenta con apoyo mayoritario, los proponentes del concepto estrecho de «ciudadanía» no reconocen en estas mayorías a sus con-ciudadanos. Los dichos de Tagle, pues, revelan, probablemente sin que ella se dé cuenta, un concepto elitista y privativo acerca de quiénes tienen derechos políticos (los que piensan como ella) y quiénes no (los que piensan diferente).
Claudio X. González, en un video de dos minutos ampliamente difundido, da sus razones para no participar en la consulta. Todas ellas son endebles, pero algunas de ellas especialmente reveladoras de esta ideología de exclusividad de “lo ciudadano”. En la segunda razón de su lista, por ejemplo, dice que la consulta «ya no es una consulta ciudadana», sino «un ejercicio oficialista de ratificación, y como tal, contrario a lo que establece la Constitución y la ley en la materia». Aquí hay que recalcar que no porque él le llame «ejercicio de ratificación» a una consulta de revocación se convierte en eso. Tal como está consagrado en el artículo 35 de la Constitución, y en tanto derecho de los ciudadanos, la consulta es sobre si se revoca el mandato o no. Las gestas democráticas no contemplan el derecho a ratificar gobernantes (a menos que se confunda eso con la reelección, un concepto separado y claramente distinto). La consulta de revocación, desde luego, sólo tiene dos respuestas posibles: el gobernante se va o se queda. Si se va es porque se le revocó. Si no se va es porque -lógicamente- la ciudadanía decidió lo opuesto a revocarlo. Que ese resultado se considere una ratificación no convierte en «consulta de ratificación» todo el ejercicio, ni a la «ratificación de mandato» en un derecho. Es tramposo, de quien venga, presentarlo en estos términos, y más aún cuando con ellos se llama a no ejercer un derecho democrático.
La tercera razón que da X. González es que «son el presidente y sus seguidores quienes impulsan la consulta, no los ciudadanos». Esta razón es exactamente la misma que la que arguye Martha Tagle: en su imaginario social, «los seguidores del presidente» se oponen a «los ciudadanos», como si los primeros no fueran también lo segundo, y como si simpatizar con un proyecto político arrebatara automáticamente la ciudadanía. Esta concepción de quién es y quién no es ciudadano no sólo es estrecha y anquilosada, como dijimos, sino que es la semilla misma de eso que el propio González llama «polarización»: divide a la sociedad en dos bandos, uno de los cuales tiene derechos políticos y otro, por simpatizar con un gobernante o partido, no los tiene.
X. González afirma, además, que los seguidores del presidente, al impulsar la consulta, «la utilizan para seguir polarizando». Esta es una selección curiosa de palabras, pues precisamente quienes llaman a la revocación consideran que todos los ciudadanos, todos sin excepción, están contemplados en el derecho a ser consultados. En cambio, quienes se oponen a esta consulta son quienes dividen (o usando su término, «polarizan») a la sociedad en dos grupos: ciudadanos, por un lado, y «seguidores del presidente» por otro. Esta división es producto del encono y difícilmente podríamos pensar en una división más polarizante.
Renata Turrent y Adrián Velázquez, cada uno en distintos foros públicos, analizan la consulta de revocación de mandato como un canalizador del descontento. Así vista, se trata de una herramienta democrática de expresión que permite manifestar y gestionar pacíficamente el desacuerdo. Es, desde esa perspectiva, un instrumento altamente civilizado (por usar de nueva cuenta, en otra forma, la raíz de la palabra ciudadano), y por ello es una contradicción, pienso, que quienes se arrogan la exclusividad del término «ciudadano», restando de su denotación a la muchedumbre y todos aquellos que consideran «los demás», precisamente desprecien una herramienta de gestión del desacuerdo tan institucional y pacífica como depositar una opinión en una urna.
Merecen una reflexión aparte los términos «ciudadanía» y «ciudadano/a» y los conceptos que evocan (individuos urbanos, clase medieros, con cierto grado de educación). También merece análisis la sustitución del concepto de «sociedad civil» por «pueblo» en el imaginario social emergente. Pero por lo pronto, cabe hacer registro de que, al menos en algunas hablas y desde cierta ideología, el concepto de «ciudadano» no abarca a cualquier mayor de edad con libertades, responsabilidades y derechos políticos, sino exclusivamente a los que se oponen al proyecto gobernante. Que los dichos de estos desalentadores de la cultura democrática queden como testimonio para futuros análisis y discusiones.
